Sobrevivientes de masacres en protestas en Perú se oponen a la candidatura presidencial de Fujimori
Familiares de las víctimas de las protestas antigubernamentales en Perú durante 2022 y 2023 expresaron su rechazo al virtual triunfo de Keiko Fujimori en las elecciones presidenciales. Aseguran que, al ser «hija de un dictador», ha protegido a quienes son responsables de las muertes de sus familiares.
La Asociación de Mártires y Víctimas de las protestas, que representa a 49 fallecidos y muchos heridos, realizó un plantón frente al Palacio de Justicia. Milagros Samillán, vocera de la organización y hermana de un asesinado en Juliaca, señaló: «No vamos a aceptar un gobierno de la hija de un dictador».
Samillán explicó que han marchado sin descanso en búsqueda de justicia desde las masacres de hace tres años. Afirmó que el partido de Fujimori ha blindado a Dina Boluarte y a los ministros responsables de la represión. Mencionó que desde el Congreso, el fujimorismo ha promovido leyes que buscan la impunidad de policías y militares implicados en las muertes.
Con fotografías de las víctimas de diferentes regiones como Ayacucho y Juliaca, los familiares manifestaron que Fujimori no los representa. Aseguran que en el sur del país, quien ha ganado de forma «contundente» es el candidato Sánchez.
Samillán agregó: «Hemos caminado tres años y no vamos a parar. Nos opondremos a un gobierno dictador, regresaremos a la capital las veces que sea necesario para decir no más impunidad». La asociación sostiene que la llegada de Fujimori al poder implicaría un retroceso en los derechos humanos en Perú y recordó que muchas víctimas de delitos ocurridos bajo el mandato de Alberto Fujimori siguen sin recibir justicia.
Por otro lado, plantearon que el proceso electoral estuvo marcado por irregularidades, tanto en el conteo de votos en el extranjero como en el cambio de reglas en la segunda vuelta, lo que han catalogado de «ilegítimo».
Finalmente, Samillán responsabilizó a Keiko por cualquier eventualidad en las calles, citando su historial y la legislación actual que favorece a los culpables de las violaciones de derechos humanos. La asociación subrayó que no buscan ser vistos como «terroristas» por exigir justicia, sino que son familiares que han perdido a sus seres queridos.
DCN/Agencias
