Provea señala que la impunidad en Venezuela excede el 90% y considera insuficiente una reforma judicial sin voluntad política

La impunidad se presenta como un obstáculo clave para el respeto a los derechos humanos y el fortalecimiento del Estado de derecho en Venezuela. Oscar Murillo, coordinador general de Provea, informó que entre un 90% y 96% de las violaciones de derechos humanos en el país no reciben sanción, lo que afecta cualquier intento de reforma institucional.

En una entrevista con El Impulso, Murillo destacó que el desafío trasciende la necesaria modificación de leyes o ajustes administrativos en el sistema judicial, apuntando a la falta de voluntad política para garantizar que estas transformaciones se traduzcan en justicia real para los ciudadanos.

Murillo indicó que la impunidad ha facilitado el uso arbitrario de las instituciones de justicia y seguridad, donde fiscales, jueces y cuerpos policiales actúan sin los controles adecuados para asegurar el debido proceso. Mencionó que la aplicación de delitos como terrorismo y asociación para delinquir ha llevado a la criminalización de ciudadanos y activistas.

Provea ha señalado que estas prácticas han incrementado las detenciones arbitrarias y consolidado mecanismos de persecución que no cumplen con los estándares democráticos. Si bien existen iniciativas para reformar el sistema de justicia, Murillo advirtió que son insuficientes sin decisiones políticas que aseguren independencia institucional y respeto al debido proceso.

Recientemente, Provea se reunió con el fiscal general de la República para presentar propuestas que buscan reducir la impunidad y fortalecer las garantías judiciales, incluyendo medidas para asegurar el debido proceso y revisar casos de detenciones arbitrarias. La organización espera una nueva reunión para evaluar el avance de estas propuestas.

Murillo criticó iniciativas parciales, como la línea telefónica para denunciar extorsiones policiales, señalando que no abordan las causas estructurales de la corrupción en los cuerpos de seguridad. Concluyó subrayando la necesidad de reformas profundas para reconstruir la institucionalidad democrática en el país.

DCN/Agencias

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