
Provea solicitó «transparencia absoluta» respecto al operativo militar en una zona minera del estado Bolívar, el cual fue coordinado entre los gobiernos de Estados Unidos y Venezuela. Este operativo resultó en la muerte de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”, presunto líder de la banda “Tren de Aragua”.
El fallecimiento de Guerrero fue reportado tras un “ataque militar rápido y letal”, anunciado por Donald Trump, y confirmado posteriormente por Delcy Rodríguez, del gobierno interino.
La ONG enfatizó que “Venezuela tiene derecho a conocer los términos exactos, el alcance legal y los mandos responsables de la operación”. Provea advirtió que, a partir de la información disponible, este incidente podría considerarse como una violación a la soberanía territorial del país y un grave quebrantamiento de los derechos humanos, catalogándolo como una ejecución extrajudicial.
Además, la organización demandó que se proporcione información confiable y verificable sobre las consecuencias del operativo, como el número de fallecidos, heridos y detenidos, asegurando la identificación de las víctimas. Provea también recordó que, anteriormente, había advertido sobre un megaoperativo en el estado Bolívar y que este tipo de acciones ha dado lugar a múltiples abusos en el pasado.
La ONG atribuyó la proliferación de organizaciones criminales en el sur del país a años de desatención estatal y a políticas que, según ellos, han priorizado la explotación de recursos naturales sobre el fortalecimiento de instituciones. Esto, señalaron, ha dejado a comunidades enteras en una situación vulnerable frente al avance de economías ilegales en la región.
Finalmente, Provea exigió información sobre los acuerdos internacionales que respaldaron la operación y pidió garantías para evitar que sucesos similares se repitan. También solicitaron aclaraciones al fiscal general Larry Devoe y a la defensora del Pueblo, Eglée González.
DCN/Agencias