
La audiencia del caso Pdvsa-Cripto, realizada en el Palacio de Justicia de Caracas, reveló una contradicción clave: aunque el Estado afirma perseguir una red de corrupción multimillonaria, no se presentó información sobre el monto de dinero perdido, lo recuperado ni quién administra los bienes confiscados a los acusados. Este silencio ha generado dudas sobre el proceso y ha dificultado la comprensión pública del juicio.
La audiencia comenzó a las 5:00 pm y se centró en la respuesta del Ministerio Público y el tribunal a las solicitudes de las defensas. El fiscal Eddy Rodríguez abogó por rechazar pedidos de libertad y algunas pruebas, destacando que estas no presentaban elementos nuevos.
En medio de discusiones sobre prórrogas y medidas cautelares, se destacó la falta de cifras sobre la pérdida patrimonial que ha convertido este caso en un tema de interés nacional. La jueza Alejandra Verónica Romero Castillo declaró que el tribunal era competente para manejar el caso, lo que plantea interrogantes sobre la clasificación del expediente, adscrito a un tribunal especial.
El fiscal también mencionó que no había registros formales de violaciones a derechos humanos, aunque el tribunal accedió a investigar tales denuncias. El contexto resulta inquietante, dado que varios acusados llevan casi tres años en prisión y solo recientemente han tenido acceso efectivo a defensores que planteen incidencias y aleguen violaciones.
Durante la audiencia se discutieron también solicitudes sobre la salud de los detenidos y el uso de audiencias telemáticas, tras un incidente con el transporte de los acusados. Al cierre, se anunció que las decisiones judiciales se incorporarían al expediente y la audiencia continuaría el 17 de junio de 2026.
DCN/Agencias