El ajuste del 5% al salario mínimo en Paraguay, que lo llevará a 3.044.000 guaraníes mensuales (aproximadamente 500 dólares) a partir del 1 de julio, ha suscitado descontento tanto en el sector empresarial como en el sindical. Empresas argumentan que el aumento supera la inflación interanual establecida por la ley, mientras que los trabajadores lo consideran insuficiente para compensar la pérdida de poder adquisitivo.
Iván Dumot, presidente del Centro de Importadores del Paraguay (Feprinco), afirmó que el incremento debería haber estado en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), que en mayo fue del 2,4%. Según él, esto muestra que la inseguridad jurídica es una de las debilidades principales del país. De igual manera, Enrique Duarte, presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), destacó que el problema no radica en la cantidad del aumento, sino en el incumplimiento de la normativa para los ajustes salariales.
Por su parte, el presidente Santiago Peña defendió la medida como una decisión “equilibrada”, argumentando que un ajuste acorde a la inflación resultaría “muy bajo para la clase trabajadora”. El decreto también establece un jornal de 117.077 guaraníes (19 dólares).
Desde el lado sindical, las críticas no se hicieron esperar. José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), sostuvo que esperaban un incremento del 20%, alineado con la pérdida de poder adquisitivo. Además, Ernesto Ojeda, de la Corriente Sindical Clasista, señaló que un salario digno debería ser casi el doble del actual.
La decisión se alcanzó tras un mes de deliberaciones en el Consejo Nacional de Salarios Mínimos (Conasam), que reúne a Gobierno, empleadores y trabajadores, finalizando sin un acuerdo consensuado.
DCN/Agencias