«Miles de estudiantes chilenos se movilizan en defensa de la educación pública ante los recortes de Kast»

En Santiago, miles de estudiantes salieron a las calles este miércoles con el lema «¡La educación pública se defiende!», en protesta contra el plan de austeridad del gobierno de José Antonio Kast. Esta es la primera gran manifestación organizada por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), que agrupa a diversas universidades del país.

Una dirigente estudiantil de la Universidad Mayor comentó que los recortes en el sector no están justificados, enfatizando que la situación económica chilena no puede compararse con la de Argentina. La vocera de Confech señaló que los recortes no han logrado resultados positivos y la crisis económica anterior se ha agudizado.

José Antonio Kast, quien asumió la presidencia el 11 de marzo, prometió recortar 6.000 millones de dólares en 18 meses y mejorar las cuentas fiscales. Su plan incluye ajustes de 2.000 millones de dólares en varios ministerios. El sector salud es el más afectado, con un recorte de 435.000 millones de pesos (aproximadamente 486 millones de dólares), lo que representa el 2,5 % de su presupuesto. En educación, los ajustes son de 197.000 millones de pesos (221 millones de dólares), un 1,3 % del total.

En su primer discurso ante el Parlamento, Kast indicó que su política de austeridad crearía «dolor» a corto plazo, pero aseguró que las ayudas y derechos sociales no se verían afectados, y que los ajustes buscaban mejorar la eficiencia de los programas públicos.

La marcha fue respaldada por organizaciones como el Colegio de Profesores, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (Aces) y la Coordinadora Feminista 8M. El evento se desarrolló principalmente con normalidad, aunque al final se produjeron enfrentamientos entre algunos manifestantes y la policía.

Durante la protesta, también se expresaron consignas contra una ley promovida por el gobierno, que busca combatir la violencia escolar. Esta ley, aprobada el día anterior en el Parlamento, permite revisar mochilas y prohíbe el acceso a la educación gratuita universitaria por cinco años a aquellos jóvenes que cometan delitos en las aulas.

DCN/Agencias

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