Los tribunales del terrorismo: la herramienta judicial creada por el chavismo para acallar en Venezuela
La Resolución 2012-0026: Origen de un sistema judicial controvertido
El 17 de octubre de 2012, luego de la reelección de Hugo Chávez, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas aprobó la Resolución N.º 2012-0026. Este documento, firmado a mediodía, estableció tribunales con competencia exclusiva para tratar casos relacionados con terrorismo, aunque su publicación oficial no ocurrió hasta el 17 de enero de 2013.
Inicialmente, la resolución parecía ser un mecanismo para procesar delitos de terrorismo, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta clave para judicializar la disidencia, llevando a numerosas personas a ser acusadas de terrorismo por acciones tan cotidianas como expresar opiniones en redes sociales.
La Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, aprobada también en 2012, no mencionaba la creación de dichos tribunales, lo que ha generado críticas de organizaciones como Acceso a la Justicia y Foro Penal Venezolano. Defensores de derechos humanos argumentan que estos tribunales carecen de un sustento legal válido.
Perkins Rocha, abogado y defensor de derechos, ha señalado desde su arresto domiciliario que la creación de estos tribunales por el TSJ contraviene la ley, pues deberían ser establecidos por el legislador, no mediante resoluciones administrativas.
Con el tiempo, estos tribunales se han utilizado con un alcance más amplio, procesando no solo delitos de terrorismo, sino también actos de protesta y oposición política. Según el Foro Penal Venezolano, en 2024 había más de 1,600 presos políticos, muchos de los cuales han sido juzgados bajo este sistema.
La Resolución 2012-0026 continúa vigente, consolidándose como un mecanismo que, más allá de garantizar la justicia, ha resultado en un aparato de represión política.
DCN/Agencias
