
Una serie de denuncias ha surgido en todo el país tras las acciones de los cuerpos de seguridad y rescate que han comenzado a limitar y centralizar la ayuda humanitaria dirigida a las víctimas de los recientes terremotos en Venezuela.
La controversia empezó en el estado Portuguesa, donde la ex presa política María Oropeza acusó a funcionarios de la Policía y Protección Civil de interrumpir los puntos de asistencia establecidos en varias comunidades. Según Oropeza, se prohibió el uso del término “centro de acopio” y se exigió reemplazarlo por “recolección de insumos”.
El conflicto más grave se refiere a la retención de suministros; las autoridades indicaron a los voluntarios que no podían distribuir la ayuda directamente a los afectados, obligándolos a entregarla solamente a los organismos de seguridad. Oropeza expresó su preocupación por esta situación, exigiendo unidad y solidaridad en momentos de crisis.
En otro hecho relacionado, en el estado Carabobo, la organización política Vente Venezuela denunció que la Policía de Valencia recibió órdenes de desmantelar los centros de ayuda que realizaban recolectas de agua y alimentos. La agrupación rechazó esta acción, afirmando que no necesitan permiso del partido oficialista para ayudar a los venezolanos en necesidad.
Las restricciones a la ayuda humanitaria en Portuguesa y Carabobo han generado un fuerte rechazo entre organizaciones y ciudadanos que buscan brindar apoyo a los damnificados.
DCN/Agencias