La ONU apoya la primera solicitud de extradición relacionada con las represiones en Venezuela durante las protestas de 2014
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de la ONU, anunció el 9 de junio un avance judicial significativo en la búsqueda de justicia por supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos durante las protestas de 2014. Este avance se refiere a la primera solicitud de extradición relacionada con esos eventos.
A través de un comunicado en su cuenta oficial de X, la Misión destacó que un tribunal federal de Argentina ha solicitado a España la extradición de Ephraín Enrique Verdú Torrelles, un ex coronel de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quien enfrenta cargos de asesinato por la represión en esas manifestaciones. Verdú es uno de 14 altos mandos de la GNB denunciados en 2023 por la ONG Inter-Just.
La investigación está siendo realizada bajo el principio de jurisdicción universal, que permite a tribunales de otros países investigar violaciones graves de derechos humanos fuera de sus territorios. La Misión de la ONU expresó que este paso es fundamental para el fin de la impunidad, enfatizando que las fronteras no deben servir como refugio para quienes han cometido abusos contra los derechos humanos en Venezuela.
Desde 2014, la Misión ha documentado ampliamente la violencia estatal en el país, subrayando que la respuesta de las fuerzas de seguridad no fue un caso aislado, sino parte de un patrón sistemático de violencia. Durante las protestas de 2014, se registró un uso desproporcionado de la fuerza, con la utilización de munición real y armas letales contra manifestantes desarmados, lo que resultó en un alto número de muertes.
La Organización de las Naciones Unidas también documentó casos de colaboración entre efectivos de la GNB y grupos civiles armados, conocidos como «colectivos», quienes supuestamente participaron en ataques a manifestantes. Además, se reportaron cientos de arrestos arbitrarios, así como denuncias de tortura y violencia durante las detenciones.
La Misión concluyó que existe un aparato de represión institucionalizado, dirigido desde las altas esferas del poder. Las investigaciones apuntan a la cúpula del Poder Ejecutivo y a la participación de la GNB y organismos de inteligencia, además de la posible complicidad del sistema judicial venezolano. Este pronunciamiento ocurre mientras avanza la investigación internacional sobre estos crímenes en el país.
DCN/Agencias
