La falta de protección estatal y el cierre de ONG aumentan la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Venezuela
Las personas LGBTIQ+ en Venezuela han formado sus propias redes de apoyo para cuidarse y acceder a servicios ante la falta de políticas inclusivas y legislación que proteja sus derechos. La clausura de varias ONG, junto con la criminalización de activistas, ha limitado drásticamente las opciones para esta población, que busca apoyo en la sociedad civil donde el Estado no lo ofrece.
El Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+ es una de las pocas organizaciones que aún brinda asistencia en documentación y atención a víctimas de violencia. Prissila Solórzano, mujer trans y activista, lidera este esfuerzo ofreciendo servicios legales y psicológicos a personas de la diversidad sexual que han sufrido violencia o discriminación.
Solórzano indicó que el acompañamiento incluye orientación sobre agresiones y acoso, así como situaciones de abuso laboral, y ofrece asesoría para quienes deciden formalizar denuncias. El observatorio también organiza grupos de apoyo, promoviendo el encuentro entre personas LGBTIQ+, trans, no binarias y queer.
La reducción del espacio para este tipo de servicios ha generado preocupación por el futuro de las víctimas que se quedan sin opciones. Solórzano alertó sobre el desamparo de muchas personas en la comunidad. Según Quiteria Franco de Unión Afirmativa, al menos 15 ONG han cerrado este año, reflejando el impacto de la crisis en la sociedad civil.
La abogada Tamara Adrián señaló que restricciones legales han complicado la existencia de estas organizaciones. La Ley Anti-ONG, promulgada en 2023, ha limitado aún más el financiamiento a iniciativas relacionadas con la comunidad LGBTIQ+, dificultando su operación.
El clima adverso ha dejado a la comunidad LGBTIQ+ en una situación angustiante, donde escasea la protección estatal y el soporte estructural.
DCN/Agencias
