Juan Carlos Gutiérrez afirma que la verdadera justicia requiere verdad pública, debido proceso y una prohibición absoluta de la tortura
El juicio por el caso Pdvsa-Cripto ha comenzado después de tres años desde las primeras detenciones, levantando interrogantes sobre las garantías judiciales, la transparencia del proceso y el estatus de los activos presuntamente incautados. Aunque el gobierno lo presenta como un esfuerzo para combatir la corrupción, hay dudas sobre la cantidad de dinero desviado, lo recuperado y quién controla los bienes involucrados.
El abogado Juan Carlos Gutiérrez señaló que el extenso retraso puede comprometer el derecho a un juicio en un plazo razonable, especialmente con personas encarceladas sin sentencia. Gutiérrez también advirtió que la falta de claridad en un caso de gran relevancia nacional afecta tanto los derechos de los acusados como el derecho de la sociedad a conocer el manejo de recursos públicos.
En su opinión, la lucha contra la corrupción debe enmarcarse dentro de las garantías judiciales para evitar cuestionamientos sobre la legitimidad del proceso. Comentó que la opacidad en el manejo del caso erosiona la confianza pública y que es fundamental que haya información clara sobre la cantidad de dinero involucrado y el destino de los activos incautados.
Asimismo, Gutiérrez subrayó la necesidad de transparencia y control judicial para que las incautaciones no se conviertan en un mecanismo de expolio. Destacó que si los bienes incautados resultan en un beneficio para terceros vinculados al poder, eso configuraría un indicativo grave de arbitrariedad. En conclusión, enfatiza que cualquier violación a los derechos fundamentales en el proceso puede llevar a su nulidad, ya que no hay justicia sin garantías adecuadas.
DCN/Agencias
