
El gobierno de Delcy Rodríguez rechazó la responsabilidad en la migración forzada de venezolanos, que supera los 8 millones. Según Marisela del Valle Rojas Garmendia, representante de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, la fuga de ciudadanos se debe a «factores externos».
Rojas Garmendia afirmó que la migración no debe considerarse una amenaza, sino más bien una consecuencia de las desigualdades globales y la falta de oportunidades, así como de «medidas coercitivas unilaterales» que impactan negativamente en Venezuela. Añadió que estas sanciones han debilitado las capacidades del país y afectan los derechos humanos, siendo un factor clave en la migración.
La ONG Provea criticó esta postura, resaltando que el gobierno culpó a las sanciones sin abordar otros problemas internos como la corrupción, la persecución política y la crisis de servicios básicos. Esto ocurrió durante un debate sobre un informe del relator especial sobre migrantes, Gehad Madi.
Provea insistió en que aceptar la responsabilidad del Estado es el primer paso hacia una solución. Destacaron que sin desmantelar las políticas represivas que han originado la migración forzada, es inviable un retorno digno para los millones de venezolanos que han dejado el país.
DCN/Agencias