
El juicio relacionado con presuntas irregularidades en la contratación del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, concluyó este martes con la lectura de los informes finales. Las acusaciones populares solicitan hasta seis años de prisión para Sánchez y el expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Gallardo, quienes son los principales acusados.
En contraste, tanto la Fiscalía como los abogados defensores de los once procesados abogan por la absolución, argumentando la falta de pruebas suficientes. Sánchez, Gallardo y otros nueve individuos enfrentan cargos de tráfico de influencias y prevaricación en un proceso de selección de personal que culminó en 2017 con la contratación de Sánchez como coordinador de los conservatorios de la Diputación de Badajoz, cargo que posteriormente se convirtió en el de jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
Durante el juicio, mientras Sánchez no utilizó su derecho a la última palabra, Gallardo declaró que la verdadera “culpabilidad” de los acusados radica en sus diferencias ideológicas con las agrupaciones que los acusan. Asimismo, afirmó que “han ganado el juicio socialmente”, haciendo referencia a partidos como el Partido Popular y Vox, así como a la organización ultraconservadora HazteOir, acusándolos de buscar un juicio mediático.
El caso ha generado un amplio debate político y mediático en España, debido a la relación familiar entre David Sánchez y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En su declaración, David negó haber influido en la creación y adjudicación del puesto de coordinador, al que se presentaron diez candidatos.
Otro punto de controversia ha sido la naturaleza de la Oficina de Artes Escénicas, donde Sánchez explicó que no se trataba de un espacio físico, sino de un rol de coordinación entre los conservatorios y el programa ‘Ópera joven’, que facilitaba la conexión entre alumnos, profesores, grupos instrumentales y diversas actividades.
DCN/Agencias