
Familiares de las víctimas de la Masacre de El Junquito, sucedida el 15 de enero de 2018, pidieron justicia este miércoles durante una audiencia pública en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en Costa Rica. En el operativo participaron unos 500 funcionarios de seguridad, y se mencionó la supuesta implicación de colectivos armados del chavismo. Las víctimas fueron Óscar Pérez, Abraham Israel Agostini, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos, Jairo Lugo Ramos, José Díaz Pimentel y Lisbeth Andreína Ramírez, quien estaba en estado de gestación.
Zeila Agostini, madre de Abraham, destacó que es fundamental reivindicar la memoria de los fallecidos, quienes fueron calificados de terroristas y alegó que actuaron bajo el artículo 350 de la Constitución, que permite levantarse contra un gobierno considerado dictatorial. La madre de Óscar Pérez, Aminta Pérez, no pudo participar en la audiencia debido a problemas de salud. Presente estuvo Alfredo Romero, abogado y presidente de la ONG Foro Penal.
La comisionada de la CIDH, Gloria de Mees, informó que el Estado venezolano no presentó representantes en la audiencia, aunque se hizo la solicitud adecuada. De Mees recordó que Óscar Pérez había liderado un grupo que tomó armas de la Guardia Nacional en diciembre de 2017 y que, días después, Nicolás Maduro ordenó la acción policial.
Los incidentes del 15 de enero dejaron a las víctimas rodeadas y, según testimonios, se habían rendido antes de ser asesinadas. La CIDH determinó que la evidencia muestra que el grupo fue ejecutado, y los cuerpos fueron entregados a sus familiares bajo presiones y restricciones sobre sus funerales. Además, varios allegados se vieron obligados a abandonar el país.
La CIDH notificó al Estado venezolano sobre su informe en julio de 2023 y le otorgó un plazo de dos meses para responder, pero no hubo comunicación de las autoridades al respecto.
DCN/Agencias