Expertos advierten que el plan de EE. UU. para Venezuela podría no tener éxito sin una reforma del sistema judicial
La hoja de ruta planteada por Estados Unidos para la reconstrucción de Venezuela, tras la salida de Nicolás Maduro el 3 de enero de 2026, enfrenta un reto crucial: la falta de un sistema judicial sólido. Un informe reciente de Chatham House señala que el plan, que se divide en tres fases —estabilización, recuperación/reconciliación y transición— fracasará si no se prioriza rápidamente el restablecimiento del estado de derecho y la independencia judicial.
Los autores, Christopher Sabatini y Alexandra Farsari, enfatizan que la promesa de paz social y crecimiento económico es inalcanzable sin reformas que protejan la propiedad privada, los derechos contractuales y los derechos humanos. El informe sostiene que «el éxito del plan de Estados Unidos depende de un sistema judicial independiente y eficaz en Venezuela».
Desde 2014, el PIB del país ha caído un 80%, y en 2024, el 73% de la población vivía en pobreza, lo que aumenta la posibilidad de estallidos sociales si no hay mejoras rápidas en la calidad de vida.
Chatham House también critica el enfoque actual, centrado en el sector extractivo, señalando que los recientes cambios a la ley de hidrocarburos no han logrado satisfacer las expectativas de los inversores. Se sugiere que para diversificar la economía, es esencial una «evaluación y reequilibrio del personal judicial» y garantizar la imparcialidad en el arbitraje comercial.
Asimismo, se requiere un compromiso con los derechos humanos, que incluye la derogación de leyes represivas y la liberación de presos políticos. Sin embargo, se alerta que el gobierno interino muestra «poca tolerancia» ante controles sobre su autoridad.
Por otro lado, para reintegrarse a los mercados internacionales, Venezuela debe gestionar una deuda externa que oscila entre 150.000 y 170.000 millones de dólares. El FMI ha reanudado contactos, pero cualquier reestructuración debe vincularse a reformas concretas en el estado de derecho y transparencia fiscal. Se propone un «pacto de reforma» entre actores nacionales e internacionales con metas claras. Sin un sistema judicial transparente, la estabilidad política podría verse amenazada, poniendo en riesgo las futuras ganancias económicas.
DCN/Agencias
