
Los comités de gestión de crisis del Ejecutivo nacional han actualizado los datos sobre pérdidas humanas y daños materiales causados por los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron a la franja norte costera del país. Las cifras aumentan a 188 fallecidos, 1.520 heridos y 156 desaparecidos.
Las comisiones de rescate urbano han intensificado sus labores de inspección y patrullaje en las comunidades para actualizar censos vecinales. Agencias de atención médica están ajustando sus inventarios de insumos quirúrgicos para atender prioritariamente a los heridos más graves. Este incremento de datos subraya la magnitud de la tragedia.
En una rueda de prensa, se presentó el balance técnico de las afectaciones. Se ha declarado que al menos 200 personas están atrapadas entre los escombros, lo que ha llevado a las cuadrillas de bomberos y voluntarios a utilizar herramientas manuales para perforar las placas de concreto y facilitar el rescate. La rapidez de la excavación es vital para preservar las vidas de los sobrevivientes.
Según el informe, 250 edificios han sufrido daños estructurales, concentrándose principalmente en La Guaira, específicamente en Caraballeda y Playa Grande. Estos colapsos han comprometido la estabilidad de áreas residenciales y la infraestructura vial. Además, se han registrado 138 réplicas desde los sismos iniciales, manteniendo en alerta a las autoridades para prevenir más daños.
Muchas familias se han visto forzadas a abandonar sus hogares debido al riesgo inminente de colapsos. Se reportan 2.927 familias damnificadas, muchas de las cuales se encuentran en refugios temporales. Las autoridades han hecho un llamado al sector privado para colaborar con maquinaria y recursos, enfatizando la urgencia de salvar vidas y mitigar el número de víctimas.
El gobierno ha solicitado a países cooperantes el envío de equipos de búsqueda y rescate. Se informó que aviones con ayuda humanitaria y personal especializado de Estados Unidos, México y Catar ya están en camino. Las patrullas policiales se encargan de proteger los centros de acopio para asegurar la transparencia en la distribución de provisiones, mientras los comités comunitarios trabajan para asistir de manera equitativa a todas las víctimas.
DCN/Agencias