Análisis de Raúl Baduel sobre el reciente operativo en Bolívar como una «disposición militar controlada de toma territorial»
La reciente operación militar de Estados Unidos en el estado Bolívar, que culminó el 9 de junio con la eliminación del líder de la megabanda «Tren de Aragua», se llevó a cabo bajo un enfoque de “toma controlada de territorio”, según un análisis de Raúl Baduel. Este despliegue contó con el apoyo logístico y operativo del gobierno de Delcy Rodríguez y se inscribe dentro de la relación de tutelaje que Estados Unidos ejerce tras el derrocamiento de Nicolás Maduro.
Según el análisis compartido en Instagram, esta intervención representa una maniobra de alta intensidad, donde una fuerza externa toma control directo de un área geográfica crítica. La intervención en la zona minera de Bolívar tuvo como objetivo principal debilitar las amenazas que ponían en riesgo la estabilidad del gobierno tutelado y responder a las promesas electorales de Donald Trump contra el crimen transnacional.
Baduel señala que la intervención siguió una secuencia de cuatro fases, comenzando con un reconocimiento estratégico por parte de unidades de inteligencia estadounidenses. Luego, comandos de fuerzas especiales de EE. UU., apoyados por soldados fieles a Rodríguez, realizaron un asalto que resultó en la muerte del cabecilla criminal, un paso clave para desmantelar la estructura de mando de la banda.
Tras el éxito de la operación, las fuerzas político-militares asumieron funciones de control y mantenimiento del orden público en las áreas afectadas, implementando cordones de seguridad y restricciones a la movilidad. Estas acciones se justifican en el marco del derecho internacional, según el artículo 42 de la Convención de La Haya, que establece responsabilidades para fuerzas que asumen el control de un territorio.
Finalmente, el plan implicaría la aplicación temporal de la jurisdicción militar estadounidense y la coordinación con el gobierno de Rodríguez, permitiendo a las tropas manejar la seguridad interna hasta que las autoridades locales recuperen su plena capacidad institucional.
DCN/Agencias
