
El presidente Donald Trump ha propuesto la creación de listas de ciudadanía por estado, argumentando que son esenciales para evitar que personas no ciudadanas voten. A pesar de que este problema es considerado por muchos como casi inexistente, Trump sostiene que su alcance es generalizado, aunque su gobierno no ha logrado proporcionar evidencia que respalde esta afirmación.
El mandatario expresó en marzo que estas listas serían útiles en las elecciones, antes de firmar una orden ejecutiva que instruye al Departamento de Seguridad Nacional a elaborar estos registros en cada estado, que ayudarían a verificar la elegibilidad de los votantes. Esta iniciativa no es nueva, ya que Trump ha intentado implementar políticas similares desde su primer mandato. En 2019, solicitó que se recolectara información sobre ciudadanía tras un intento fallido de incluir esta pregunta en el censo de 2020.
Además, Trump ha promovido un estricto proyecto de ley de identificación de votantes que actualmente se encuentra estancado en el Senado. Esta legislación requeriría que los estados utilicen bases de datos federales para identificar a los no ciudadanos que deseen votar.
Sin embargo, los estados controlados por los demócratas, junto con defensores del derecho al voto, han interpuesto demandas para frenar la implementación de la orden ejecutiva, argumentando que la Constitución no otorga al ejecutivo autoridad sobre la administración electoral. En una reciente audiencia en el Tribunal Federal de Distrito de Washington relacionada con estas demandas, el Departamento de Justicia reconoció que las listas generadas podrían no ser fiables para determinar quiénes están habilitados para votar.
Las repercusiones de esta propuesta abarcan diversos aspectos prácticos, legales e históricos.
DCN/Agencias