ONGs alertan sobre la presión ejercida por grupos armados en más de mil instalaciones electorales en Colombia.
Presiones en elecciones colombianas: Informe ICP
Los electores colombianos se enfrentan a presiones de grupos armados ilegales en diversas regiones, según un informe del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga (ICP), publicado este martes. A pocos días de las elecciones presidenciales programadas para el 31 de mayo, el ICP alertó sobre «patrones atípicos» en el 7,6% de los puestos de votación analizados, ubicados en áreas de riesgo donde la libertad de voto puede estar comprometida.
El análisis, que se basa en las elecciones legislativas de marzo, identificó 1.019 puestos de votación con comportamientos irregulares. Estos sitios concentran 327.196 votos efectivos y hay un potencial de 494.434 personas habilitadas para votar. Carlos Augusto Chacón, director del ICP, comentó que la captura del voto puede ocurrir antes de que llegue a la urna, sugiriendo que la falta de denuncias visibles podría estar relacionada con el miedo.
Las regiones identificadas presentan señales de coerción y vigilancia comunitaria, así como restricciones de movilidad y compra de votos. El informe, titulado ‘Votar con miedo’, fue elaborado junto con la Fundación Colombia 2050 y se basa en el trabajo de más de 120 observadores desplegados en 42 de los 1.123 municipios del país.
Recientemente, un audio que circuló en redes sociales generó controversia. Atribuido inicialmente a disidencias de las FARC, el audio contenía un mensaje solicitando el voto por el candidato Iván Cepeda, amenazando con sanciones económicas a campesinos en Guaviare si no cumplían. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, indicó que este caso era de extorsión carcelaria y no relacionado con guerrillas.
El presidente Gustavo Petro también se pronunció, criticando el uso del miedo y la mentira en la política, abogando por un debate democrático fundamentado en verdades.
El ICP documentó casos específicos de presión electoral en departamentos como Caquetá, Guaviare, Cauca, Chocó y Norte de Santander. En marzo, se reportaron amenazas para obtener el certificado electoral y restricciones al transporte de personas vinculadas a campañas políticas, además de la cercanía de grupos armados a los puestos de votación.
La organización resaltó que la compra de votos ha evolucionado de un fenómeno marginal a un mecanismo estructural, con pagos que varían entre 20.000 y 500.000 pesos (de 5 a 130 dólares) por sufragio.
DCN/Agencias
