
Agentes de la policía ingresaron este miércoles a la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en Madrid, siguiendo la orden del juez Santiago Pedraz, quien investiga el ‘caso Leire’. Este caso se centra en una presunta trama con el objetivo de desestabilizar procedimientos judiciales que involucran al partido o al Gobierno.
El juez está indagando si Santos Cerdán, exsecretario general del PSOE, realizó pagos «con cargo a fondos del partido» a la exmilitante Leire Díez, con la intención de influir en las investigaciones que la afectan y también al hermano del presidente Pedro Sánchez.
La investigación comenzó en abril de 2024, durante los días de reflexión del presidente, cuando se supo que un juzgado madrileño lo estaba indagando. Dos días después de su carta a la ciudadanía sobre su reflexión, se llevó a cabo una reunión en la sede del PSOE, presidida por Cerdán, que el juez considera un «punto de inflexión».
Desde ese momento, Cerdán encargó a Leire Díez acciones para desestabilizar procedimientos judiciales que pudieran impactar en los intereses del PSOE o del Gobierno. Según el juez, Cerdán utilizó la estructura del partido para respaldar esta actividad que ahora es objeto de investigación.
Por este motivo, el juez ha ampliado la indagación a otras acciones contra Leire Díez y al exsecretario de Organización del PSOE, entre otros. Estas acciones se producen días antes del inicio del juicio contra David Sánchez, hermano del presidente, acusado de prevaricación y tráfico de influencias.
Además, el 9 de junio está programada la comparecencia de Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, en una audiencia previa, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente socialista, será interrogado los días 18 y 19 de junio por su presunta conexión con la trama de tráfico de influencias.
Pedro Sánchez ha reconocido la «gravedad» de las investigaciones y ha prometido «total colaboración» con la justicia. También afirmó que no se anticiparán elecciones y que su objetivo es agotar la legislatura, pues considera que la estabilidad es esencial para España.
Los socios de investidura del presidente han descartado, hasta el momento, impulsar una moción de censura, y establecen que la línea roja sería la confirmación de financiación ilegal del PSOE.
DCN/Agencias