La Guardia Civil investiga al PSOE por posible trama dirigida a obstaculizar procesos judiciales.
Imputaciones en el PSOE por Trama Delictiva
El juez José de la Mata ha imputado a varios exdirigentes del PSOE, entre ellos al exsecretario de Organización, Santos Cerdán; al exvicepresidente de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y a la gerente del partido, Ana María Fuentes. Se les atribuyen presuntos delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y otros delitos contra las instituciones del Estado. La investigación se centra en una supuesta trama que buscaba «desestabilizar los procedimientos judiciales» que afectaban al PSOE o al gobierno.
Paralelamente, la Unidad Central Operativa (UCO) llevó a cabo registros en domicilios relacionados con los imputados. Estos incluyeron la vivienda de Cerdán en Milagro (Navarra), la de Zarrías en Madrid y la del empresario Javier Pérez Dolset en Móstoles, quien también está siendo investigado. Además, el juez ha encontrado indicios de participación del expresidente de Correos, Juan Manuel Serrano Quintana, así como del diputado del PSOE, Juan Francisco Serrano Martínez, aunque su responsabilidad aún está por definirse.
Asimismo, en diciembre se detuvo a Díez, el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y al empresario Antxon Alonso, quien es considerado socio de Cerdán. Estos fueron acusados de malversación, tráfico de influencias y organización criminal, aunque posteriormente quedaron en libertad bajo medidas cautelares. Según las indagaciones, estos individuos formaron un grupo llamado Hirurok, cuyo objetivo era orientar expedientes administrativos a su favor o a favor de terceros, utilizando su influencia sobre funcionarios para obtener comisiones.
La operación en la sede del PSOE coincide con la reciente imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por parte de la Audiencia Nacional, en conexión a una supuesta trama de tráfico de influencias vinculada al régimen chavista a través del caso Plus Ultra.
DCN/Agencias
