El economista Demetrio Marotta destacó que el nuevo ingreso mínimo integral presentado el 30 de abril genera incertidumbre en el sector privado, ya que no hay una norma oficial publicada en Gaceta que formalice su aplicación. Sin una reglamentación adecuada, este ajuste solo actúa como referencia salarial y no como una obligación.
Marotta comentó que el ingreso propuesto, que incluye 200 dólares en bonos no salariales y 40 dólares en cestaticket, resulta insuficiente frente al costo de la Canasta Básica Alimentaria, que supera los 500 dólares. Añadió que esta diferencia mantiene a los trabajadores en una «trampa de pobreza», mientras que el salario mínimo sigue fijado en 130 bolívares, unos 0,30 dólares al momento del anuncio.
El investigador del IIES aseguró que el impacto inflacionario de este ajuste será limitado, dado que muchas empresas ya estaban ofreciendo remuneraciones cercanas a los 240 dólares y habían ajustado precios desde abril. Recordó que la inflación anualizada al cierre de marzo alcanzó un 649% y destacó que los nuevos bonos no afectan las prestaciones sociales bajo la LOTTT.
Marotta alertó sobre el vacío legal que enfrenta el empleador, especialmente en relación con la Ley de Protección de Pensiones, que requiere una contribución del 9% sobre salarios y bonos. Sin una base de cálculo clara, las empresas no pueden determinar sus obligaciones fiscales y laborales.
Además, advirtió sobre comportamientos variados entre las compañías: las más grandes podrían adoptar los 240 dólares para evitar conflictos laborales, mientras que las PYMES esperarían la normativa para evaluar la viabilidad del aumento. Esto podría llevar a despidos selectivos y a una mayor informalidad laboral.
En conclusión, Marotta describió la situación actual como un «círculo vicioso»: sin aumentos salariales, no hay consumo, y sin consumo, no hay expansión empresarial ni generación de empleo. A pesar de algunos avances en el sector petrolero, no se observan cambios significativos en consumo e inversión.
DCN/Agencias