Tribunal Federal Aprueba la Utilización de Fondos Venezolanos para la Defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores en Nueva York
Un tribunal federal de Estados Unidos autorizó el viernes el uso de recursos del Estado venezolano por parte del presidente Nicolás Maduro y la primera dama, Cilia Flores, para costear su defensa legal en un proceso judicial que se desarrolla en Nueva York.
Este caso se origina por una operación militar de EE. UU. ejecutada el 3 de enero de 2026, donde fuerzas estadounidenses ingresaron a Venezuela y llevaron a Maduro y Flores a territorio estadounidense, un hecho denunciado por muchos como una violación del Derecho Internacional.
La decisión del juez Alvin Hellerstein, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, llega tras el retiro de los abogados privados de Maduro y Flores, debido a que no pudieron recibir sus honorarios por el bloqueo de activos venezolanos impuesto por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC).
La defensa argumentó que las sanciones económicas restringían el derecho a una defensa adecuada, garantizado por la Constitución estadounidense. Los fiscales, sin embargo, defendieron la legalidad de estas restricciones, en un litigio que evidencia las tensiones entre medidas coercitivas y derechos judiciales.
Ante el inminente vencimiento de plazos legales, el tribunal decidió asegurar representación para los acusados, permitiendo el uso de recursos conectados a Venezuela, algo que analistas consideran contradictorio dentro del sistema de sanciones.
Los abogados de Maduro piden la desestimación de los cargos tras la revocación de una licencia que permitía financiar su defensa. Esto se produce mientras Washington autoriza otros convenios comerciales con Caracas.
Maduro y Flores enfrentan cargos por supuesta conspiración para el narcotráfico y otros delitos. El proceso se sitúa en un contexto de sanciones económicas, presión diplomática y dudas sobre la legalidad de la operación que condujo a su traslado a EE. UU.
Diversos gobiernos y actores internacionales han señalado que este caso podría crear un precedente en materia de soberanía y derecho internacional, al implicar la captura de un jefe de Estado en funciones mediante una operación militar extranjera.
Se anticipa que el tribunal fijará la fecha de una nueva audiencia en las próximas semanas, mientras el caso sigue generando repercusiones internacionales.
DCN/Agencias
