Simplificación de trámites: la promesa legal y sus limitaciones estructurales
Reducir la burocracia en Venezuela ha sido un objetivo reiterado, pero poco concretado. La nueva Ley de Simplificación de Trámites Administrativos busca abordar este desafío en un país donde iniciar un negocio o llevar a cabo procesos formales puede demorar meses y generar altos costos que desmotivan la actividad económica.
La economista Christi Rangel, investigadora de la Universidad de Los Andes y asociada con Cedice Libertad, señala que el problema va más allá de los trámites complicados. La burocracia limita la competitividad y empuja a muchas empresas al ámbito informal. Rangel advierte: “Cuando un trámite es lento y costoso, las pequeñas y medianas empresas prefieren operar al margen de la ley”, lo que fomenta la opacidad administrativa y puede dar pie a la corrupción.
La ley propone la digitalización como su eje principal. Sin embargo, Rangel añade que simplemente trasladar procesos al entorno digital no garantiza su simplificación. El verdadero reto es lograr la interoperabilidad entre diferentes instituciones. Sin una integración efectiva entre registros, entidades tributarias y alcaldías, los usuarios seguirán enfrentando duplicación de requisitos, incluso si los trámites son en línea.
Los estudios de Cedice indican que los procesos digitales pueden reducir el tiempo de espera en comparación con los trámites presenciales, aunque su efectividad depende de la capacidad del Estado para coordinar sistemas.
Uno de los aspectos importantes de la ley es el “silencio administrativo positivo”, que considera aprobada una solicitud si no hay respuesta en un tiempo determinado. Esto podría incentivar la eficiencia y mejorar la seguridad jurídica, aunque su implementación dependerá de la capacidad institucional para cumplir con los plazos.
No obstante, la digitalización requiere condiciones básicas como conectividad y suministro eléctrico confiable, que no siempre están aseguradas en todo el país. Además, hay una resistencia interna en la administración pública, ya que simplificar procesos puede reducir el control discrecional que algunos prefieren mantener.
DCN/Agencias
