
Las sanciones económicas impuestas a Venezuela fueron impulsadas en gran medida por Estados Unidos desde 2015, y se endurecieron entre 2017 y 2019. Estas medidas obstructivas han limitado el acceso del Estado a los mercados financieros, restringido la carga de deuda y afectado gravemente la industria petrolera, pilar de la economía nacional.
Delcy Rodríguez, presidenta encargada, anunció una «peregrinación» contra estas sanciones que recorrerá el país del 19 de abril al 1 de mayo, llegando a Caracas. Esta iniciativa se suma a otros esfuerzos del chavismo para exigir el levantamiento de las restricciones.
Estados Unidos, junto a la Unión Europea (que comenzó a imponer sanciones en noviembre de 2017), Canadá, Suiza y el Reino Unido, ha liderado este esfuerzo contra altos funcionarios del chavismo y ha afectado directamente a Petróleos de Venezuela (PDVSA). Las sanciones han provocado que el país deje de recibir más de 230.000 millones de dólares en ingresos petroleros, un monto que supera el PIB en ciertos años.
El sistema financiero estatal también se ha visto afectado, con limitaciones al acceso a deuda soberana y transacciones internacionales. Asimismo, las restricciones se extendieron al sector de la minería, prohibiendo la comercialización del oro en el mercado global, y se congelaron activos estatales en el exterior, especialmente en EE.UU. y Europa.
Recientemente, hubo un cambio en la política de Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro, permitiendo cierta flexibilización en las restricciones. Se autorizó la operativa del Banco Central y el desarrollo de licencias para que empresas extranjeras comiesen operaciones. Por su parte, la UE considera ajustar sus políticas de sanciones, impulsada por España, que busca facilitar el diálogo político en el país. Sin embargo, permanecen restricciones significativas al petróleo y al financiamiento estatal, junto con sanciones individuales contra líderes del chavismo.
DCN/Agencias