
Varias ONG han mostrado su desacuerdo con el anuncio de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, sobre el “fin” de la ley de amnistía, argumentando que esta decisión es “arbitraria e inconstitucional”. Consideran que la derogación de la ley no está en manos del Ejecutivo, ya que la norma no incluye una fecha de vencimiento para los beneficiados.
Provea, a través de su cuenta en X, expresó que esta medida no favorece el proceso de paz y convivencia que se ha intentado promover. Por su parte, Acceso a la Justicia señaló que la Ley de Amnistía permanece vigente, a pesar de la afirmación del Ejecutivo. Resaltaron que solo puede ser derogada por otra ley de igual rango emitida por el Parlamento o mediante una resolución de nulidad de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.
El mismo grupo enfatizó que la intervención del Ejecutivo en este contexto transgrede los principios de separación de poderes, establecidos en la Constitución. Justicia, Encuentro y Perdón, también a través de X, subrayó que una ley de esta índole no puede ser anulada por un anuncio gubernamental, calificando la decisión como un “atropello al Estado de derecho”. Afirmaron que la finalización de la ley crea una “inseguridad jurídica” que afecta a las víctimas y podría llevar a los tribunales a desestimar solicitudes de libertad basadas en una premisa inexistente en la legislación vigente.
El anuncio de Rodríguez se produce dos meses después de la aprobación de la ley de amnistía, en un contexto donde se reportan 473 presos políticos, según distintas ONG. La mandataria no ofreció detalles sobre lo que implica el “fin” de la ley, aunque mencionó que los casos excluidos en la norma podrían ser atendidos en otros programas gubernamentales, como el Programa para la Paz y Convivencia Democrática y la Comisión para la Reforma de la Justicia Penal, que se estableció el mismo día.
La Ley de Amnistía abarca un periodo de 27 años, desde 1999, con referencia a 13 “hechos” específicos ocurridos en años distintos, dejando fuera otros períodos y delitos como la corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos. Hasta la última actualización, se reportó que 8.616 individuos habían sido amnistiados, de los cuales 314 estaban aún encarcelados.
DCN/Agencias