La legalidad del uso de fondos públicos para la defensa de Maduro según la legislación venezolana
El abogado y exfiscal venezolano Zair Mundaray advirtió sobre posibles delitos en Venezuela relacionados con el uso de fondos públicos para financiar la defensa legal de Nicolás Maduro y Cilia Flores. Esto surge después de que autoridades estadounidenses autorizaran, bajo ciertas condiciones, el acceso a recursos del Estado para tal propósito.
En un mensaje publicado en redes sociales, Mundaray indicó que, aunque la decisión de pagar honorarios legales en EE. UU. puede ser legal dentro de su marco jurídico, el destino de fondos públicos venezolanos no se sustenta en la legislación nacional. Preguntó: “¿Qué norma autoriza utilizar una partida pública para ese ilegal pago?”, cuestionando la legalidad de la medida desde el derecho interno.
Mundaray destacó que la posible autorización de fondos para cubrir la defensa de Maduro podría encajar en al menos dos delitos tipificados en la Ley contra la Corrupción venezolana: apropiación o distracción de patrimonio público y el destino diferente de fondos o rentas públicas, según los artículos 59 y 63 de dicha ley. Afirmó que la comisión de estos delitos ocurriría al formalizar el uso de partidas presupuestarias para gastos legales personales, lo que implicaría un desvío de recursos.
Además, advirtió que la firma de autorizaciones para el uso de estos fondos podría generar responsabilidades penales para los funcionarios involucrados, mencionando a la vicepresidenta Delcy Rodríguez.
La controversia se origina a raíz de la decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de permitir el uso de algunos fondos del Estado venezolano para la defensa legal de Maduro y Cilia Flores en un juicio en Nueva York. Esta autorización tiene condiciones estrictas: los fondos deben generarse a partir del 5 de marzo de 2026, excluyendo activos previamente sancionados, y se prohíbe el uso de recursos vinculados a gobiernos extranjeros.
DCN/Agencias
