
La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina confirmó el decomiso de bienes en el caso por administración fraudulenta conocido como ‘Vialidad’, en el que la expresidenta Cristina Fernández, en funciones de 2007 a 2015, cumple una condena de seis años de prisión en su casa.
La decisión valida lo dispuesto en noviembre de 2022 por el Tribunal Oral Federal 2, que había ordenado el decomiso de bienes por un monto cercano a 685.000 millones de pesos argentinos (aproximadamente 480 millones de dólares), cifra que la Justicia considera como el perjuicio al Estado.
Inicialmente, se procederá con el decomiso de unas 20 propiedades ligadas a Fernández y su familia, mientras que más de 80 propiedades se relacionan con Lázaro Báez y empresas involucradas en la investigación.
Los jueces desestimaron los argumentos de las defensas que intentaron suspender el decomiso y afirmaron que los criterios para identificar los bienes son válidos, en el contexto de una causa con condenas firmes. Afirmaron que el objetivo del decomiso es recuperar activos vinculados a actos de corrupción y evitar que los beneficios derivados del delito permanezcan en poder de los condenados.
La resolución también estipuló que el decomiso puede afectar bienes transferidos a terceros, incluidos los recibidos por herencia, bajo el argumento de que su origen ilícito no cambia con estos traspasos.
El fallo, sin embargo, incluyó una disidencia parcial del juez Mariano Borinsky, quien indicó que no se examinaron adecuadamente los argumentos de las defensas sobre bienes heredados por los hijos de la expresidenta.
La causa ‘Vialidad’ se centró en las irregularidades en la adjudicación de obras públicas en la provincia de Santa Cruz y culminó en diciembre de 2022 con la condena de Fernández, quien también enfrenta una inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
DCN/Agencias