
En 2025, Irán ejecutó al menos 1.639 personas, lo que representa un incremento del 68 % en comparación con el año anterior y es la cifra más alta desde 1989, según un informe de la ONG noruega Iran Human Rights (IHRNGO) y de la francesa Ensemble contre la Peine de Mort (ECPM).
De estas ejecuciones, solo 113 fueron anunciadas oficialmente, lo que equivale a menos del 7 % del total. Esto contrasta con el 9,5 % en 2024 y el 15 % en 2023. Casi la mitad de las ejecuciones se debieron a delitos relacionados con drogas, marcando un aumento del 58 % respecto al año anterior. Otras 37 ejecuciones corresponden a cargos de violación.
El documento especifica que al menos 57 ejecuciones fueron por rebelión armada, enemistad contra Dios y corrupción en la Tierra. Entre los condenados hay dos manifestantes, 18 prisioneros políticos y varios acusados de espionaje. Al menos 48 mujeres fueron ejecutadas, un incremento del 55 % con respecto a 2024 y el número más alto en dos décadas.
Además, al menos 11 ejecuciones se llevaron a cabo en espacios públicos, y 84 de las víctimas eran ciudadanos afganos, superando las cifras del año anterior. Entre los no iraníes también se registraron ejecuciones de tres iraquíes y una persona identificada solo como extranjera.
Desde 2010, más de 5.972 ejecuciones son atribuibles a condenas de Tribunales Revolucionarios. IHRNGO y ECPM advierten sobre una escalada en el uso de la pena de muerte en Irán desde las protestas de 2022, ligadas a la muerte de Mahsa Amini.
El director ejecutivo de ECPM, Raphaël Chenuil-Hazan, subraya que la pena de muerte se utiliza como herramienta de represión, afectando especialmente a minorías étnicas y grupos marginados. Las organizaciones también señalizan que las ejecuciones continúan, en un contexto de creciente temor en la población debido a la guerra actual.
El informe indica que IHRNGO recibió notificaciones de 553 ejecuciones no verificadas, cifra que supera en más de diez veces los reportes anuales de ejecuciones no confirmadas en años anteriores. La organización advierte que algunas de estas denuncias podrían ser parte de una campaña de desinformación por parte del régimen.
Desde el primer informe de IHRNGO en 2008, que contabilizó 350 ejecuciones, el total ha superado las 11.196, lo que sitúa un promedio anual de 622 ejecuciones.
DCN/Agencias