Gobernador de Sinaloa y altos funcionarios mexicanos enfrentan acusaciones de narcotráfico por parte de la Fiscalía de EE.UU.
El Departamento de Justicia de EE.UU. anunció el miércoles la acusación de varias figuras políticas de Sinaloa, incluido el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, por delitos relacionados con el narcotráfico y la posesión de armas.
La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York identificó a diez personas involucradas en una presunta conspiración con líderes del cartel de Sinaloa para importar grandes cantidades de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos. Entre los acusados se encuentran dos políticos en activo: Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Sinaloa, y Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de la Fiscalía general del estado.
Las autoridades estadounidenses alegan que los acusados colaboraron con el cartel de Sinaloa en el tráfico de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México hacia EE.UU. Además, se les acusa de proteger a los narcotraficantes de investigaciones y detenciones, facilitando así sus actividades ilícitas.
Los imputados estarían alineados con la facción del grupo dirigida por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, conocidos como ‘Los Chapitos’, recibiendo a cambio «millones de dólares» en beneficios del cartel. Se alega que Rocha Moya fue electo gobernador en noviembre de 2021 gracias a la ayuda de los Chapitos, quienes habrían intimidado a sus rivales.
También están acusados exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, entre ellos Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas, y Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública. La lista incluye a dos exjefes de la Policía investigadora, Marco Antonio Almanza Avilés y Alberto Jorge Contreras; el exvicedirector de la Policía estatal, José Antonio Dionisio Hipólito; y un excomandante de la Policía municipal de Culiacán, Juan Valenzuela Millán.
Todos enfrentan tres cargos: conspiración para narcotráfico, posesión de armas automáticas y conspiración relacionada con esas armas, con posibles sentencias de hasta cuarenta años de prisión o cadena perpetua. Valenzuela Millán, de 35 años, está acusado de participar en el secuestro de un informante de la DEA y su familiar, quienes supuestamente fueron torturados y asesinados por orden de los Chapitos, lo que le podría acarrear una sentencia obligatoria de cadena perpetua.
DCN/Agencias
