Familiares de comisarios y policías del caso 11 de abril denuncian exclusión de la amnistía en una persecución constante
Los abogados y familiares de los exfuncionarios de la extinta Policía Metropolitana (PM) manifestaron su descontento con la Corte de Apelaciones del estado Aragua. En una rueda de prensa, denunciaron que el tribunal ha rechazado, por enésima vez, el beneficio de amnistía para los involucrados en los eventos de abril de 2002, considerando esta decisión como una «extrema injusticia».
Yajaira Castro de Forero, esposa del comisario Lázaro Forero, lideró el pronunciamiento acompañada por los abogados Theresly Malavé y Carlos Aponte. Castro destacó que los tribunales mantienen en prisión a personas que no cometieron crímenes de lesa humanidad, subrayando que fueron condenados en un proceso viciado por complicidad en homicidio, a pesar de que actualmente cumplen con todos los requisitos legales para su liberación.
Como prueba importante, la defensa presentó una carta del exmagistrado Eladio Aponte Aponte, certificada en Costa Rica, donde este admite haber recibido instrucciones para condenar a los policías sin tener en cuenta las evidencias. Para los familiares, esto evidencia que el sistema judicial se utiliza como herramienta de persecución política contra los comisarios Henry Vivas y Lázaro Forero, así como contra los funcionarios Héctor Rovain, Luis Molina, Erasmo Bolívar y Julio Rodríguez.
Los abogados criticaron que el tribunal continuamente impida las fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Aunque han estado encarcelados por más de dos décadas, les corresponde el destacamento de trabajo, el régimen abierto o la libertad condicional. Sin embargo, los jueces aplican la ley de Amnistía de forma «selectiva y excluyente», dejando a estos individuos sin una base legal sólida que justifique su permanencia en prisión.
La jornada concluyó con un emotivo testimonio de la hermana de Héctor Rovain, quien relató el impacto de la injusticia en su familia y pidió a las autoridades considerar la liberación de quienes considera inocentes. Los defensores abogaron por una reforma integral del sistema judicial en Venezuela.
DCN/Agencias
