
Los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado durante las protestas de 2017, solicitaron al nuevo fiscal general, Larry Devoe, la reapertura de los casos de víctimas de ese año que aún están sin resolver. Esta demanda fue emitida por Elvira Llovera y José Gregorio Pernalete en nombre de la Alianza de Familiares y Víctimas 2017 (ALFAVIC), y se dio a conocer durante una declaración pública respaldada por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea).
Los familiares pidieron que las investigaciones no solo incluyan a los autores materiales, sino que también abarquen a quienes ejercían la autoridad durante las violaciones de derechos humanos registradas en las manifestaciones. En su pronunciamiento, subrayaron la necesidad de que el fiscal actúe con independencia e imparcialidad y reabra el caso de Juan Pablo, así como el de otros jóvenes que perdieron la vida en esas protestas.
La familia también demandó un reconocimiento público de los hechos por parte del Estado como parte de un proceso reparador. Juan Pablo Pernalete falleció el 26 de abril de 2017 tras ser alcanzado por una bomba lacrimógena disparada por un funcionario de la Guardia Nacional en protesta en Altamira, Caracas.
Los padres denunciaron que, después de años de confusión, finalmente se reconoció la responsabilidad de un militar en el caso, aunque las investigaciones quedaron inconclusas. De un grupo de once efectivos, solo uno fue juzgado. Adicionalmente, hicieron un llamado a la nueva defensora del pueblo, Eglée González Lobato, para que actúe contra la impunidad y apoye a las víctimas.
Según Provea, el caso de Juan Pablo es emblemático en el contexto de las protestas de 2017, y las denuncias han sido documentadas por la ONU, involucrando investigaciones ante la Corte Penal Internacional.
DCN/Agencias