
El Tribunal Superior Agrario decretó una orden de protección ambiental en el Parque Nacional Mochima, específicamente en las 172 hectáreas de la ensenada de Yaguaracual, una zona reconocida por su alta importancia ecológica.
Esta decisión fue tomada por el Juzgado de Cumaná, considerando las denuncias de la comunidad sobre actividades irregulares que amenazaban la integridad de los ecosistemas costeros. La medida busca prevenir daños irreversibles en esta reserva natural, esencial para el equilibrio ambiental de la región, y resalta el derecho de la ciudadanía a disfrutar de un medio ambiente sano.
La resolución prohíbe estrictamente la tala y quema de vegetación en el área afectada, así como cualquier movimiento de tierras o construcción no autorizada. Esta orden tiene validez en los estados de Sucre, Anzoátegui y Nueva Esparta, garantizando su cumplimiento regional y paralizando inmediatamente actividades que podrían dañar los recursos hídricos y terrestres de Yaguaracual.
La medida también protege a Mochima de actividades humanas que puedan degradar su biodiversidad marina y vegetal. Cualquier infracción a estas normativas será objeto de sanciones conforme a las leyes penales ambientales en vigor en el país.
El cumplimiento de esta medida cautelar será monitoreado de manera constante por organismos de seguridad del Estado, que realizarán patrullajes regulares para evitar la reanudación de actividades extractivas o de construcción ilegal. La participación ciudadana ha sido fundamental para identificar los focos de mayor impacto negativo en la ensenada.
Con esta acción, se busca salvaguardar los recursos naturales de Mochima para las futuras generaciones, mientras las autoridades ambientales trabajan en la recuperación de las áreas que ya presentaban signos de deterioro.
La ensenada de Yaguaracual es apreciada por su rica biodiversidad y como refugio de diversas especies de fauna silvestre. Sus aguas y tierras son esenciales para mantener la cadena trófica en el Parque Nacional Mochima. La protección de estas 172 hectáreas marca un avance significativo en la defensa de los espacios protegidos en Venezuela y establece un precedente importante en la lucha contra los delitos ambientales en la costa.
DCN/Agencias