
Amnistía Internacional (AI) ha emitido una “acción urgente” que exige la liberación incondicional de alrededor de 500 ciudadanos detenidos por motivos políticos en Venezuela. La organización señala que, a pesar de la entrada en vigor de una Ley de Amnistía en febrero, el sistema judicial continúa aplicando lo que describe como una política de “puerta giratoria”.
El informe destaca que, mientras algunos prisioneros obtienen la libertad, otros son arrestados o sus solicitudes de liberación son bloqueadas sin justificación, manteniendo estable el número de detenidos. Se mencionan casos específicos, como el de las hermanas Samantha y Aranza Hernández, de 16 y 19 años, acusadas de terrorismo; así como Javier Tarazona y el periodista Rory Branker, cuya amnistía ha sido denegada. Asimismo, se incluye a Martha Lía Grajales, de la ONG SurGentes, que sigue bajo evaluación judicial a pesar de haber sido beneficiada por la ley.
AI advierte que quienes estén detrás de estas detenciones y abusos podrían enfrentar juicios en tribunales internacionales. Además, subraya que a partir de julio de 2024, el aumento de la represión ha llevado a más de 2.000 detenciones, incluidas menores de edad, contribuyendo al éxodo de venezolanos, que ya asciende a 7,9 millones.
DCN/Agencias