
La presidenta interina Delcy Rodríguez promovió, bajo presión de Estados Unidos, una ley de amnistía que busca la liberación de presos políticos en Venezuela. Desde la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero en Nueva York, aproximadamente 700 individuos han sido excarcelados. Entre ellos, se encuentran líderes opositores, aunque la ONG Foro Penal informa que cerca de 500 presos políticos aún permanecen detenidos.
La ley de amnistía no es automática; su aplicación es caso por caso ante un tribunal. Según cifras oficiales, más de 8.000 personas se han beneficiado de esta ley promulgada en febrero. Mientras Rodríguez describe la iniciativa como “un acto de grandeza”, el abogado Alfredo Ballesta afirma que su aplicación es “discrecional”, lo que significa que las decisiones sobre quién es liberado o no dependen del gobierno.
Ballesta también critica que, en lugar de cambiar la política represiva, el gobierno interino ha hecho ajustes en su gabinete que parecen consolidar un control sobre la población. A poco de asumir el poder, Rodríguez mencionó el cierre de la prisión del Helicoide en un contexto de “reconciliación nacional”, pero la cárcel sigue operando.
El informe anual de Amnistía Internacional resalta un “panorama generalizado de violaciones a los derechos humanos” tanto en Venezuela como en otras partes del mundo, destacando que los sistemas internacionales de protección a los derechos humanos enfrentan “ataques constantes”.
DCN/Agencias