
Un grupo de venezolanos radicados en Estados Unidos presentó una denuncia ante el FBI acerca de un presunto esquema de extorsión digital, el cual denominan Banda de Extorsión Digital. Esta denuncia fue realizada a través del Internet Crime Complaint Center (IC3), encargado de recibir reportes sobre fraude, chantaje y extorsión en línea.
Los involucrados en esta denuncia son José Alberto Pérez Villalobos, vinculado a las cuentas @joseperezv24 y @joseperezv24of; Pedro Eduardo Rojas Arguello, con la cuenta @pedrorojas_ve, y Juan Carlos Rincón Martínez, mediante @juancrinconm82_. Según la información recabada, estos individuos operarían desde diferentes estados de EE. UU., tales como Florida, Texas y Georgia, utilizando redes sociales para llevar a cabo sus actividades.
El mecanismo de extorsión descrito no sería aislado. Se destaca un patrón en que las acusaciones iniciales van seguidas de una difusión constante de contenido que se agrava con menciones a instituciones y advertencias sobre posibles repercusiones, incluso en temas migratorios. Estas advertencias no se limitan a funcionarios venezolanos, sino que también alcanzan a ciudadanos con estatus legal en EE. UU. Los denunciantes sostienen que los involucrados afirman tener influencia en entidades como el Congreso y agencias migratorias.
La estrategia no termina en la difusión pública. En una segunda fase, terceros no identificados contactan a las víctimas para negociar la paralización de la divulgación de contenidos, buscando pagos a través de criptomonedas y métodos digitales que dificultan el rastreo de las transacciones.
Los denunciantes también alegan que algunos de los sujetos denunciados habrían hecho uso fraudulento del sistema migratorio estadounidense, saliendo de Venezuela sin condiciones legales que justifiquen su asilo o protección. Por ejemplo, Pedro Eduardo Rojas no muestra movimientos migratorios en el sistema, mientras que Juan Carlos Rincón sigue en el país. José Alberto Pérez salió en 2014 sin orden de aprehensión.
Se indica que estas actuaciones podrían haber sido utilizadas para respaldar solicitudes de asilo en EE. UU., con elementos supuestamente falsos diseñados para construir relatos de persecución política.
Este caso es relevante ante la reciente apertura de canales de comunicación entre EE. UU. y Venezuela, lo que facilita la verificación de antecedentes y datos migratorios. Muchos de los elementos mencionados están disponibles en redes sociales, lo que podría permitir una correlación directa con la información oficial. En EE. UU., conductas de este tipo son investigadas por el FBI bajo el ámbito de cibercrimen y extorsión digital.
DCN/Agencias