Administración de Kast inicia la deportación de un primer grupo de 40 extranjeros en situación irregular
El Gobierno de José Antonio Kast deportó este jueves a un grupo de migrantes que habían cometido delitos o faltas administrativas en Chile. Se trata de 40 personas: 17 bolivianos, 4 ecuatorianos y 19 colombianos. El vuelo partió del aeropuerto de la Fuerza Aérea de Chile (Fach) en Santiago y tenía programadas paradas en La Paz, Guayaquil y Bogotá.
Los deportados contaban con órdenes de expulsión por una variedad de delitos, incluyendo robo con violencia, receptación de vehículos motorizados, tráfico de drogas y porte ilegal de armas. El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, anunció la intensificación de estas deportaciones y mencionó que se realizarán más vuelos y salidas en autobuses, aunque no precisó la frecuencia de estas iniciativas.
Durante la administración de Gabriel Boric, se llevaron a cabo más de 20 vuelos de deportación, resultando en la expulsión de alrededor de 4,500 personas. En 2025, 1,117 extranjeros fueron expulsados.
Actualmente, hay más de 75,000 órdenes de expulsión pendientes en Chile, de las cuales aproximadamente la mitad son para ciudadanos venezolanos. Venezuela rompió relaciones diplomáticas con Chile tras las elecciones de 2024, lo que dificulta la deportación de sus nacionales debido a la falta de servicios consulares.
Pavez destacó la necesidad de establecer conversaciones con Venezuela para facilitar las deportaciones por vía aérea. Kast, quien asumió la presidencia como el primer mandatario de extrema derecha desde el regreso a la democracia, ha prometido una política firme contra la delincuencia y la migración irregular, además de estar trabajando en la construcción de una franja en el desierto de Atacama en la frontera con Perú y Bolivia.
En Chile, se registran más de 330,000 extranjeros en situación irregular, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El «Plan Escudo Fronterizo» del Gobierno incluye un proyecto de ley que busca tipificar la migración irregular como delito y establece incentivos para que los migrantes en situación ilegal abandonen el país de manera voluntaria.
DCN/Agencias
