Víctima de extorsión rompe el silencio y desafía las acusaciones en su contra
Andrés Eloy Jaime Páez, un hombre que regresó a su tierra tras años de trabajo en el extranjero, se enfrenta a una situación de extorsión que involucra a funcionarios policiales. Tras vivir en Colombia y Estados Unidos, donde estableció un restaurante familiar, decidió volver a la Villa del Rosario, en Zulia. Sin embargo, su retorno no fue como lo había esperado, sino que se transformó en una pesadilla.
El problema comenzó por un registro que tenía en el CICPC, relacionado con un robo ocurrido hace aproximadamente diez años. Jaime Páez asegura que nunca fue procesado ni detenido por este hecho y que tras consultar con su abogado, consideró que el asunto estaba cerrado. Sin embargo, al regresar con capital obtenido de la venta de su negocio, se encontró bajo el asedio de funcionarios policiales.
En el día de su detención, acompañado de su esposa e hija de dos años, se le amenazó con un expediente antiguo y se le exigía inicialmente $200,000, monto que luego se ajustó a $50,000. Ante la presión y la situación de su hija, la familia accedió a la extorsión, logrando reunir $30,000 a través de préstamos y empeños.
Después de su liberación, Jaime Páez decidió denunciar la situación en la Fiscalía. Su acción derivó en la renuncia del funcionario del CICPC que supuestamente estuvo involucrado en el caso. Sin embargo, el camino se tornó complicado, ya que ahora enfrenta intentos de vincularlo con organizaciones criminales, acusaciones que él rechaza.
El testimonio de Jaime Páez resalta una problemática en la región, donde supuestamente se ha institucionalizado la extorsión a migrantes con ahorros. Relata cómo se utiliza información obsoleta para presionarlos. Además, menciona a un funcionario policial llamado Ortigoza, quien actuó como intermediario en la extorsión y que actualmente es el único detenido.
En medio de esta maraña, Jaime Páez se siente perseguido, especialmente tras la difusión de información calumniosa en medios que lo señalan como delincuente, lo cual ha perjudicado su reputación. Hoy, clama por justicia, pidiendo a las autoridades que reconozcan su condición de víctima y pongan fin a lo que considera una «cacería de brujas».
DCN/Agencias
