La ONU revela que el régimen nicaragüense utiliza fondos públicos para sostener la represión transnacional de opositores en el exilio.
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos de la ONU sobre Nicaragua denunció el desvío de fondos públicos por parte del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo para financiar la represión política, tanto en el país como contra opositores en el exilio. Este informe, presentado al Consejo de Derechos Humanos, señala la creación de una red transnacional de vigilancia e inteligencia para perseguir a críticos fuera de Nicaragua.
El presidente del Grupo, Jan-Michael Simon, destacó que la corrupción y la represión son métodos de gobierno en Nicaragua. Según el informe, el Estado financia la persecución política a través de sus instituciones con el objetivo de eliminar cualquier oposición.
El documento, respaldado por numerosas entrevistas y evidencias, revela que desde 2018, recursos destinados a programas sociales y operativos han sido desviados para financiar operaciones de seguridad, grupos armados progubernamentales y actividades del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Parte de estos recursos habrían sido usados en la violenta “Operación Limpieza” contra manifestantes en 2018.
El experto Reed Brody enfatizó que el desvío de recursos ha contribuido a violaciones graves de derechos humanos, afirmando que la represión no es improvisada, sino parte de un esquema de corrupción estatal.
El informe también menciona la existencia de una arquitectura transnacional de vigilancia compuesta por el ejército, policía, autoridades migratorias y el ente regulador de telecomunicaciones, TELCOR. Esta estructura ha sido utilizada para monitorear y atacar opositores en el extranjero mediante técnicas de vigilancia digital y campañas de difamación.
Se han documentado al menos una docena de asesinatos o intentos de asesinato de críticos en el exilio, incluyendo el caso del mayor retirado Roberto Samcam en junio de 2025. Además, el régimen ha despojado de su nacionalidad a 452 personas, dejando a miles en una situación de apatridia de facto y ha impedido el regreso de numerosos exiliados.
El informe destaca que mujeres defensoras de derechos humanos, periodistas y activistas han sido blanco de violencia basada en género y campañas de estigmatización, en tanto que Ariela Peralta advirtió sobre la estrategia de castigo hacia movimientos feministas.
Finalmente, los expertos subrayaron que las violaciones desde 2018 constituyen crímenes de lesa humanidad y solicitaron a la comunidad internacional activar marcos de responsabilidad y protección a los exiliados. También instaron al régimen a desmantelar la arquitectura represiva y permitir el ingreso de mecanismos internacionales de monitoreo.
DCN/Agencias
