La CPI descarta investigar las consecuencias de las sanciones en Venezuela
Este jueves, la Corte Penal Internacional (CPI) decidió no abrir una investigación sobre el impacto de las sanciones en Venezuela, un asunto conocido como Venezuela II, solicitado por el gobierno chavista.
La Fiscalía de la CPI concluyó que no hay fundamentos suficientes para considerar que se hayan cometido crímenes bajo su jurisdicción debido a las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, al menos desde 2014. Por lo tanto, no se justifica el inicio de una investigación.
Desde el 17 de febrero de 2020, la CPI había estado llevando a cabo un examen preliminar tras una solicitud del gobierno venezolano sobre presuntos crímenes de lesa humanidad atribuidos a las «medidas coercitivas ilegales» del gobierno estadounidense desde 2014. En este contexto, el gobierno de Venezuela denunció que las sanciones habían resultado en homicidios, exterminio, deportaciones, persecución y otros actos inhumanos, todos considerados crímenes de lesa humanidad.
Sin embargo, la CPI determinó que los requisitos de causalidad e intencionalidad no estaban cumplidos. Según la Fiscalía, la información analizada no prueba de forma suficiente que las sanciones de Estados Unidos llevaron a los delitos presuntamente cometidos, ni que estos se ejecutaron con la intención necesaria.
La Corte ha notificado su decisión a las autoridades venezolanas y a la Sala de Cuestiones Preliminares I. El gobierno de Venezuela tiene un plazo de 90 días para solicitar a la Sala que revise la decisión de no iniciar la investigación.
Es importante señalar que esta decisión se refiere exclusivamente a la Situación en Venezuela II. La investigación que la Fiscalía está realizando en relación a la Situación en Venezuela I avanza y se enfoca en los presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos desde al menos 2014, especialmente en el contexto de las detenciones. La decisión también se deslinda de los eventos ocurridos en enero de 2026.
DCN/Agencias
