Justicia de EE.UU. condena a torturador sirio por mentir en su solicitud de residencia tras su vinculación con el régimen de Bashar al Assad.
Un jurado federal en Estados Unidos declaró culpable a Samir Ousman Alsheikh, de 73 años, por conspiración para cometer tortura, tres cargos de tortura y fraude migratorio. Su culpabilidad se relaciona con abusos sistemáticos contra prisioneros en la cárcel de Adra, en Damasco, donde fue general bajo el régimen de Bashar al Asad.
Alsheikh fue hallado culpable de mentir a las autoridades migratorias estadounidenses, ocultando su historial de violaciones de derechos humanos para obtener una visa y una tarjeta de residencia permanente, además de intentar naturalizarse como ciudadano estadounidense.
El Departamento de Justicia subrayó la relevancia de este veredicto, citando declaraciones del fiscal adjunto A. Tysen Duva, quien afirmó que Alsheikh torturó prisioneros para silenciar la disidencia política en Siria y que, al mintió para residenciarse en EE. UU., no puede eludir su pasado. Por su parte, el fiscal federal Bill Essayli enfatizó que Estados Unidos no es refugio para criminales.
Agentes de Seguridad Nacional (HSI) y del FBI manifestaron satisfacción por la condena, destacando que el país no permitirá que violadores de derechos humanos encuentren asilo en su territorio.
Respecto a las torturas en la prisión de Adra, se presentó evidencia que señala a Alsheikh como brigadier general y director de esta prisión entre 2005 y 2008, periodo en el cual ordenó y supervisó torturas a detenidos, particularmente a aquellos que se oponían a la represión de disidentes. Los testimonios expusieron que los prisioneros sufrían métodos de tortura que causaban dolor extremo y lesiones graves, y el jurado concluyó que Alsheikh ordenó personalmente varios de estos abusos.
Después de su tiempo en Adra, Alsheikh fue nombrado gobernador de Deir ez-Zor en 2011. En 2018 solicitó una visa para ingresar a EE. UU. y, una vez en el país, intentó naturalizarse, ocultando su pasado.
Alsheikh podría recibir hasta 20 años de prisión por cada cargo de tortura y conspiración, y hasta 10 años por delitos migratorios. Permanecerá detenido mientras se determina la fecha de su sentencia. La investigación fue realizada por el FBI y el Departamento de Seguridad Nacional, con apoyo de unidades especializadas.
DCN/Agencias
