El Parlamento israelí sanciona una controvertida ley de pena de muerte destinada exclusivamente a palestinos.
Knesset Aprueba Ley de Pena de Muerte para Terroristas
La Knesset, el Parlamento de Israel, aprobó el lunes una controvertida ley que establece la pena de muerte para terroristas, con 64 votos a favor y 48 en contra. Esta ley contempla la ejecución por ahorcamiento y en secreto, aplicándose exclusivamente a palestinos, ya que quedan excluidos los ciudadanos israelíes, generando críticas por su carácter discriminatorio.
La norma se aplicará solo en los tribunales militares de Cisjordania, que se encargan de juzgar a acusados palestinos, mientras que los israelíes, incluidos los colonos, son juzgados en tribunales civiles. Aunque el texto menciona que aplicará a toda la ciudadanía, concreta que solo se refiere a aquellos que «causan intencionadamente la muerte de una persona con el objeto de negar la existencia del Estado de Israel», excluyendo de facto a sionistas, incluso si cometen actos similares.
La ley reduce significativamente la discreción judicial, permitiendo que se imponga la pena de muerte por mayoría simple del tribunal, en lugar de por unanimidad. También se elimina el derecho a apelación y se prevé un régimen de aislamiento para los condenados a muerte.
Aunque la ley no se aplicará retroactivamente a los detenidos relacionados con los ataques del 7 de octubre de 2023, se está discutiendo otra iniciativa legislativa que sí podría aplicar la pena de muerte de forma retroactiva.
Durante casi doce horas de debate, el ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, uno de los principales impulsores de la ley, afirmó que «es un día de justicia para las víctimas». La reforma recibió el respaldo del partido Likud, del primer ministro Benjamin Netanyahu, y de otros partidos, incluidos los ultraortodoxos Shas y Judaísmo Unido de la Torá.
Organizaciones de derechos humanos han criticado la aprobación de la ley. Suhad Bishara, director del Centro Legal para los Derechos de la Minoría Árabe en Israel, advirtió que esta norma institucionaliza «el asesinato estatal» y está diseñada para aplicarse a palestinos, violando principios de igualdad y anti-discriminación. Adalah, otro grupo de derechos humanos, anunció su intención de apelar ante el Tribunal Supremo israelí, argumentando que la norma infringe leyes internacionales y podría constituir un crimen de guerra.
DCN/Agencias
