Despojo patrimonial como herramienta de represión del chavismo contra presos políticos y su afectación a la libertad y el hogar
En Venezuela, el fenómeno de los presos políticos se extiende más allá de la reclusión. Según la organización Foro Penal, hay 687 personas detenidas por motivos políticos, distribuidas en 600 hombres y 87 mujeres. La liberación de un preso no necesariamente implica el regreso a la normalidad. Muchos enfrentan la desertificación de sus cuentas bancarias y la pérdida de sus hogares.
La detención es solo el primer paso de un proceso que resulta en la «aniquilación financiera» del individuo. Un informe de El País detalla cómo el Estado ha implementado un sistema legal que permite la confiscación de bienes bajo la premisa de «justicia social». Este mecanismo se formalizó a través de la Ley de Extinción de Dominio, aprobada en 2023, que aunque promete combatir la corrupción, se utiliza para afectar a disidentes. Esta legislación autoriza al Estado a apoderarse de bienes sin necesidad de una condena judicial firme.
Las experiencias de figuras como Enrique Márquez ilustran esta tragedia. Márquez afirma que, tras su arresto, se le despojaron de su apartamento y se robaron pertenencias valiosas. La ley se ha convertido en un medio para quitar propiedades, afectando incluso a personas no involucradas en actividades delictivas, como el caso de la activista Lilian Tintori, quien denunció el saqueo de su hogar, incluyendo a sus mascotas.
El impacto en el ámbito empresarial es notable. Dueños de empresas se enfrentan a la pérdida de sus bienes y el control estatal sobre sus negocios, mientras las patrullas que exhiben lemas de «bienes confiscados» se han vuelto un símbolo del clima de represión en el país. En Venezuela, disentir puede costar no solo la libertad, sino también el hogar y los medios de vida.
DCN/Agencias
