Cristina Fernández comparecerá ante la Justicia argentina para enfrentar acusaciones de corrupción.
La Justicia argentina rechazó este martes el pedido de nulidad de la defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el caso conocido como ‘los cuadernos de la corrupción’. La expresidenta está acusada de liderar una asociación ilícita que recaudaba sobornos de empresarios. El tribunal determinó que deberá declarar de manera presencial el próximo martes 17 de marzo en los tribunales federales de Buenos Aires.
Desde junio de 2025, Fernández cumple prisión domiciliaria por una condena de seis años relacionada con otras irregularidades en la concesión de obras viales. Hasta ahora, las audiencias del juicio se realizaron de forma virtual. Sin embargo, el tribunal decidió que la fase indagatoria que comenzará la semana que viene se lleve a cabo de manera presencial.
Luego de la declaración de Fernández, los jueces tomarán el testimonio del exministro de Planificación Julio De Vido y de otros 84 imputados, entre los que hay 20 exfuncionarios y varios empresarios vinculados a la obra pública.
El tribunal argumentó que los nuevos pedidos de nulidad buscaban «obstruir el juicio» y no presentaron «argumentos novedosos» que justificasen cambiar lo ya decidido. Además, rechazaron las impugnaciones a los testimonios de los denominados imputados colaboradores, conocidos como arrepentidos, y afirmaron que el valor de sus declaraciones se evaluará en la etapa final del juicio.
También desestimaron las alegaciones sobre irregularidades en la declaración de Oscar Centeno, el exchofer del Ministerio de Planificación y autor de los cuadernos. Consideraron que su declaración se realizó con un abogado presente y observando las garantías necesarias.
Por su parte, el abogado de Fernández, Carlos Beraldi, cuestionó las declaraciones del presidente argentino, Javier Milei, quien el 1 de marzo había anticipado una condena para la expresidenta en su discurso de apertura de sesiones del Congreso. Beraldi consideró que esto afecta el proceso y lo tildó de «hecho de gravedad institucional».
En respuesta, el presidente del tribunal aseguró que se garantizará un juicio justo, conforme a la Constitución y las leyes.
DCN/Agencias
