Corte Penal Internacional rechaza que las sanciones de EE.UU. a Venezuela constituyan motivos para investigar delitos de lesa humanidad
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), en colaboración con el Consejo de Seguridad de la ONU, emitió un comunicado indicando que, tras completar su examen preliminar sobre la situación en Venezuela, no encontró base razonable para creer que se cometieron crímenes dentro de su jurisdicción.
El 13 de febrero de 2020, el Gobierno de Venezuela remitió a la CPI denuncias sobre crímenes de lesa humanidad, alegando que estos resultaron de sanciones coercitivas impuestas unilateralmente por Estados Unidos desde 2014. Dos días después, la fiscalía inició el examen preliminar.
Según el viceministro de políticas antibloqueo, William Castillo, al inicio de 2026, había más de mil medidas coercitivas vigentes por parte de EE.UU. y la Unión Europea.
El comunicado explica que, tras evaluar la información disponible, la Fiscalía concluyó que no se cumplían los requisitos necesarios para demostrar una relación de causalidad o intención entre las sanciones y los presuntos crímenes. Aunque se reconoce que las sanciones podrían haber empeorado la situación humanitaria, no hay evidencia suficiente para iniciar una investigación formal.
La CPI tiene competencia para tratar crímenes de lesa humanidad, que se definen como actos inhumanos perpetrados de manera sistemática contra la población civil. Estos incluyen homicidio, tortura y desaparición forzada.
Venezuela sostiene que los crímenes se han originado por las medidas coercitivas impuestas. La Fiscalía debía determinar si estas acciones se traducían en delitos bajo el Estatuto de Roma. Para ello, es necesario establecer un vínculo claro entre las sanciones y los daños alegados, lo cual no fue posible según la evaluación realizada.
Caracas / Rodolfo Baptista
DCN/Agencias
