
La ONG Espacio Público reportó que, un mes después de la entrada en vigor de la Ley de Amnistía en Venezuela, persisten problemas serios en su aplicación, incluyendo una notable falta de transparencia y prácticas irregulares que cuestionan su verdadero impacto.
En un análisis publicado por la organización, se reconoció que la ley representa un paso adelante en el contexto político del país, ya que ha permitido la liberación de un número considerable de detenidos por motivos políticos. No obstante, también se señalaron obstáculos en su implementación, incluyendo denuncias de extorsiones en los tribunales.
Familiares de los detenidos han denunciado que han sido extorsionados por personal del sistema judicial al intentar gestionar sus solicitudes, con exigencias de dinero y otros recursos. Además, se reportan dificultades institucionales, como juzgados que se niegan a aceptar solicitudes, lo que ha generado demoras y confusión.
La ONG también criticó la falta de información oficial sobre los beneficiarios de la amnistía. A pesar de que el Gobierno afirma que miles han sido liberados, organizaciones de derechos humanos no han podido confirmar estos datos. Naciones Unidas, en una declaración del 16 de marzo, indicó que no ha recibido la lista de presos políticos liberados y pidió una mayor transparencia.
Espacio Público destacó que la ley no resolvió la situación de todos los detenidos, con cientos de personas aún en prisión. Según la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU, la normativa carece de mecanismos para garantizar verdad y justicia, lo que ha llevado a considerarla más un espejismo jurídico que una herramienta efectiva de pacificación.
Asimismo, muchos periodistas siguen esperando respuestas sobre sus solicitudes de amnistía, lo que refleja un ambiente donde los derechos fundamentales continúan en riesgo.
DCN/Agencias