
Más de 150 ciudadanos venezolanos, incluyendo académicos, exministros y altos mandos militares retirados, han enviado una carta a Tomoko Akane, presidenta de la Corte Penal Internacional (CPI). En esta comunicación, solicitan acciones urgentes frente a las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
El documento hace un llamado a la implementación del Estatuto de Roma, destacando continuas detenciones arbitrarias y persecuciones políticas. Los firmantes señalan una falta de independencia en el sistema judicial del país, lo que impide la justicia efectiva y justifica la intervención de la CPI.
Se denuncia el uso del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar en prácticas de tortura y desapariciones forzadas. Según el texto, la CPI debe actuar como tribunal de última instancia dado que el sistema judicial local no investiga adecuadamente.
Los firmantes también resaltan deficiencias estructurales que dificultan una justicia independiente y efectiva. Se exige que la Corte avance en la investigación formal abierta en 2021, bajo el título «Situación en Venezuela I», y evalúe la responsabilidad penal de las autoridades.
Entre los firmantes destacados se encuentran Monseñor Ovidio Pérez Morales, José Rodríguez Iturbe y Humberto Celli Gerbasi, así como altos mandos retirados, comunicadores y representantes de la sociedad civil. La carta representa una movilización significativa en la búsqueda de justicia y reparación para las víctimas de violaciones a los derechos humanos en el país.
DCN/Agencias