Solicitud a la UE para confiscar activos de personas asociadas a Maduro y establecer un fondo de apoyo a víctimas
La abogada Soranib Hernández solicitó el jueves a la Unión Europea (UE) la confiscación de activos de personas asociadas al gobierno de Nicolás Maduro. Esta petición busca crear un fondo que ayude a quienes han sido afectados por el régimen chavista. Hernández presentó su solicitud ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que decidió mantener abierto el caso y pidió a la Comisión Europea enviar una respuesta escrita.
La propuesta aboga por la aplicación de la directiva 2024/1260, que se refiere a la recuperación y decomiso de activos de individuos y entidades venezolanas supuestamente implicadas en violaciones graves de derechos. En su solicitud, Hernández instó a los Estados miembros de la UE a activar mecanismos de confiscación de activos relacionados con el blanqueo de capitales, el terrorismo y el crimen organizado, con especial énfasis en 69 personas venezolanas sancionadas por la UE.
Asimismo, pidió la creación de oficinas de recuperación de activos en todos los Estados miembros, tal como indica la directiva. Hernández propuso que los bienes confiscados se utilicen con fines sociales, aplicando principios de justicia restaurativa para beneficiar a víctimas afectadas por violaciones de derechos humanos.
Adicionalmente, sugirió establecer un fondo fiduciario gestionado por la Fiscalía Europea, que se enfocaría en proteger y asistir a las víctimas del saqueo en Venezuela, garantizando la transparencia y justicia restaurativa. Este fondo debería destinarse a programas de apoyo para víctimas, permitiendo una distribución eficiente y equitativa.
Un representante de la Comisión Europea aclaró que algunas decisiones recaen en la competencia de los Estados miembros, y que la confiscación es potestad de las autoridades judiciales nacionales en relación con las oficinas de recuperación de activos. Explicó que, aunque hay obligación de crear dichas oficinas, no hay un mandato para localizar sistemáticamente activos de individuos sancionados. También indicó que, aunque se incentiva la reutilización social de activos, no hay un requerimiento legal para su incorporación al derecho nacional. Por último, mencionó que no existe una base legal actual para establecer un fondo fiduciario conforme a la normativa de la Unión.
DCN/Agencias
