La Oficina de Derechos Humanos de la ONU inicia diálogos con Venezuela para restaurar su presencia en el país

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos envió un equipo a Caracas que mantuvo reuniones con autoridades y miembros de la sociedad civil, mientras se continúa buscando reanudar su presencia permanente en el país, según lo confirmó la portavoz Ravina Shamdasani.

El equipo se reunió con diversas organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales y familiares de personas aún detenidas. Shamdasani enfatizó que no todas las personas que estaban sometidas a detenciones arbitrarias han sido liberadas. También se llevaron a cabo contactos con defensores de derechos humanos que recientemente fueron liberados y con otras figuras importantes.

En otra instancia, Shamdasani mencionó que el alto comisionado, Volker Türk, y la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, sostuvieron una conversación telefónica el 26 de enero, donde Türk ofreció apoyo para «la construcción de una hoja de ruta para el diálogo y la reconciliación, centrando la atención en los derechos humanos».

Rodríguez, en un comunicado anterior, anunció que solicitaría a Türk verificar las excarcelaciones recientes, ante denuncias de retrasos y falta de claridad en el proceso por parte de familiares y ONG.

Sobre el proyecto de Ley de Amnistía que la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó en primera lectura, Shamdasani lo calificó como un «positivo paso hacia la cohesión social, la reconciliación nacional y la coexistencia». Sin embargo, comentó que esta ley debe cumplir con los estándares en materia de derechos humanos, incluir a todos los detenidos arbitrariamente y formar parte de una estrategia más amplia que contemple reparación, rendición de cuentas y reformas legales.

En febrero de 2024, las autoridades venezolanas, lideradas por Nicolás Maduro, suspendieron las actividades de la oficina del alto comisionado en Caracas, abierta en 2019, acusando a la ONU de actuar en contra de sus intereses. Esta acción resultó en la expulsión de trece funcionarios de la ONU, quienes tuvieron un plazo de 72 horas para abandonar el país.

DCN/Agencias

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