Interponen denuncia contra Trump por el fallecimiento de pescadores en el Caribe
El gobierno de Estados Unidos enfrenta una demanda federal por homicidio culposo tras la muerte de dos pescadores de Trinidad y Tobago en un incidente que cuestiona la legalidad de las operaciones militares en la región caribeña. Este caso ha sido presentado en un tribunal en Boston y se considera un esfuerzo formal por buscar justicia civil en lo que organizaciones de derechos humanos describen como una campaña de agresiones militares inusuales.
Los documentos legales identifican a las víctimas como Chad Joseph y Rishi Samaroo, quienes trabajaban en la pesca y la agricultura. Según la denuncia, el 14 de octubre de 2025, mientras regresaban a Trinidad y Tobago, su embarcación fue alcanzada por un misil lanzado por fuerzas estadounidenses.
La demanda, interpuesta por los familiares de las víctimas y respaldada por el Centro de Derechos Constitucionales, argumenta que ambos hombres eran civiles desarmados y no estaban involucrados en actividades ilícitas. Baher Azmy, abogado de los demandantes, calificó los hechos de “asesinatos ilegales a sangre fría.”
El ataque sucedió en el marco de una ofensiva militar iniciada por Estados Unidos en septiembre de 2025, donde el secretario de Defensa Pete Hegseth justificó las acciones bajo el argumento del “derecho de los conflictos armados” contra organizaciones criminales. Sin embargo, expertos en derecho internacional advierten que los cárteles de droga no serían considerados “grupos armados organizados” según las leyes pertinentes. Además, se señala que el Congreso de EE. UU. no ha autorizado explícitamente esta campaña, lo que podría invalidar su base legal.
El contexto geopolítico también es relevante, ya que el ataque se produjo en aguas pertenecientes a la República Bolivariana de Venezuela, lo que se interpretaría como una violación de su soberanía. Desde septiembre de 2025, se han reportado más de 120 muertes en ataques estadounidenses contra embarcaciones en el Caribe, sumándose dos víctimas más en un incidente reciente.
El tribunal de Boston no solo decidirá sobre compensaciones económicas. El caso podría establecer un precedente legal sobre si el Ejecutivo estadounidense puede realizar ataques letales fuera de su territorio sin declarar guerra formalmente. Organizaciones internacionales de derechos humanos han señalado que estos eventos se asemejan a ejecuciones extrajudiciales, destacando que el Caribe se ha convertido en un terreno de pruebas para una doctrina de uso de fuerza letal sin supervisión judicial.
DCN/Agencias
